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1.609 organizaciones sociales e indígenas dieron su opinión para la Ley de Aguas

1.609 organizaciones sociales e indígenas dieron su opinión para la Ley de Aguas
junio 03
17:35 2014

Quito (Pichincha).- El acceso al agua es un derecho garantizado constitucionalmente y que da prioridad al consumo del hombre. El líquido vital también es un recurso estratégico de todos los ecuatorianos. Por ese motivo, este momento en el país se debate una Ley de Recursos Hídricos y su vigencia es de vital importancia para las personas que viven en las ciudades y en el campo.

Es por eso que 1.609 organizaciones sociales e indígenas dieron su opinión para la Ley de Aguas. Ellos participaron en la consulta prelegislativa que dispuso la Corte Constitucional para avalar la aprobación del proyecto legal.

El camino de esta ley en la Asamblea ha sido complicado. Su aprobación quedó en suspenso desde el 2010, cuando la Legislatura decidió aplazar la votación hasta que se cumpla la consulta prelegislativa. En esa ocasión, grupos de oposición, como la dirigencia indígena, organizó violentas protestas en varias provincias. En uno de esos incidentes violentos falleció el profesor shuar Bosco Wisuma.

Durante más de tres años, los asambleístas cumplieron con la socialización del proyecto legal, para cumplir con el objetivo de crear una gestión justa, compartida y democrática del recurso hídrico. Se realizaron audiencias en 22 provincias del país, en las cuales discutieron temas claves como la administración del agua, los sistemas comunitarios de riego y la distribución de competencias en la administración del agua.

Las preocupaciones de los pueblos indígenas  se concentran en la creación de una entidad rectora del agua. Ellos quieren que la administración pase a sus manos, no obstante,  esta iniciativa no ha dado resultado.

La Ley de Recursos Hídricos vigente, que se aprobó en 1972, dio un manejo disperso a la administración, puesto que organizaciones regionales y provinciales manejan este recurso y ha favorecido a los grandes agroindustriales. El 80% de las aguas destinadas para el riego están en manos de los agroexportadores entre estas las camaroneras, bananeras, piscícolas, cultivos de arroz. Por esta razón la administración unificada permite racionalizar y evitar el acaparamiento del agua, garantizando la soberanía alimentaria de todos los ecuatorianos.

 El propósito de crear una Autoridad Única de Administración del Agua con distintos niveles de participación es un avance para una distribución ordenada y equitativa del agua. En este sentido y, por tratarse de un recurso estratégico, es importante distribuir la carga entre todos los ecuatorianos. CIT / El Ciudadano