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Contraloría del Estado cuestiona nuevamente a la autollamada Comisión Anticorrupción

Contraloría del Estado cuestiona nuevamente a la autollamada Comisión Anticorrupción
marzo 02
09:24 2016

Quito (Pichincha).- Mediante un comunicado de prensa, la Contraloría General del Estado (CGE) informó sobre los procedimientos legales vinculados a las acciones de control y auditorías realizadas a funcionarios públicos. Esto, para aclarar la situación legal de la llamada “Comisión Anticorrupción”, una instancia creada por un grupo de ciudadanos, sin apegarse a la Ley.

El procedimiento establecido para las auditorías, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento, establece que los funcionarios auditados serán informados de cualquier irregularidad detectada, a fin que puedan ejercer su derecho a presentar los descargos necesarios.

De igual manera, los informes definitivos de CGE contienen recomendaciones y conclusiones, cuyo fin es corregir las situaciones observadas. Luego de este proceso se inicia, de ser necesario, un proceso de índole judicial, que de acuerdo a cada caso puede derivar en amonestaciones administrativas, civiles o incluso penales.

La participación ciudadana, prevista en la Constitución, en losartículos 95 y 204, establece que las Veedurías Ciudadanas están regidas por el Reglamento General de Veedurías, bajo un procedimiento que regula su conformación, funcionamiento, capacitación y acreditación realizadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Por este motivo, la Contraloría destaca que esta llamada “Comisión Anticorrupción” usa engañosamente el nombre de una instancia que ya no existe en el país, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Sus “denuncias” nunca han aportado con una investigación propia ni original ni ha presentado una denuncia a la CGE, ente competente para el control de los recursos públicos.

 También aclara la comunicación de la CGE que este grupo ciudadano sistemáticamente ignora “la Constitución y la Ley, desconociendo a las instancias institucionales como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, integrante de la Función de Transparencia, junto a Contraloría y otras instituciones de Control”. Aclara que las acciones de este grupo no están avaladas por un procedimiento establecido legalmente, ya que no está acreditada como veeduría por el Cpccs, lo que no garantiza la “idoneidad, independencia, credibilidad y resultados objetivos”.

Finalmente el comunicado señala que la “Comisión Anticorrupción” actuó con afán de protagonismo político, de escandalizar a la opinión pública con “denuncias” a partir de información deformada, mutilada de diversos informes de la CGE, con el fin de confundir a la ciudadanía. CNF/El Ciudadano

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