La sentencia del juez Raúl Rojas es clara: Fundamedios no pudo comprobrar que la decisión de los ministros y de otras autoridades de Gobierno de no aceptar entrevistas con un grupo de medios de información afectara a los derechos constitucionales de los ecuatorianos.
Rojas, quien es el titular encargado del Juzgado Décimo Segundo de la Niñez y Adolescencia, explicó que no existe ninguna prueba que certifique que la decisión de las autoridades sea una política estatal y por lo tanto pueda acogerse un amparo de protección constitucional. “De una revisión minuciosa y prolija no existe acreditado ningún medio de prueba documental, sea Decreto Ejecutivo o Acuerdo Presidencial, que señale como una política pública lo pretendido por el accionante César Ricaurte (director de Fundamedios)”.
El jurista Xavier Cazar coincide con el criterio del Juez del Niñez. Él explica que un amparo tiene sustento solo cuando existe una prueba que verifique la vulneración de los derechos ciudadanos. “En los últimos años se ha profundizado la tergiversación sobre la obligación que tienen los funcionarios públicos de hablar o no para un periodista. El funcionario no está obligado a conceder entrevistas, pero sí es su responsabilidad rendir cuentas permanentemente a la ciudadanía y mantenerla informada de las acciones que cumple”.
Para Cazar esa obligación no está imitada únicamente a los espacios que consideren los medios de comunicación. “Un canal, por ejemplo, es una página web”.
En este sentido, una de las acciones más importantes del Gobierno ha sido abrir más canales y ampliar las estrategias de comunicación con la ciudadanía. Para cumplir con esta responsabilidad se organizan ruedas de prensa, foros, enlaces ciudadanos, cadenas nacionales, se actualizan páginas web de entidades, se incursionó en redes sociales, se abrieron periódicos y radios. Asimismo, medios de información provinciales, regionales y nacionales, considerados pequeños, son atendidos constantemente por las autoridades gubernamentales, especialmente por el presidente Rafael Correa.
A pesar de la resolución del juez, Fundamedios insiste en su posición y asegura que el presidente Correa “prohibió” a sus ministros hablar con ciertos medios de información. Ayer, Santiago Guarderas y Mauricio Alarcón, abogado y representante de Fundamedios, aseveraron que presentarán una apelación, para que su amparo sea tratado por los jueces de la Corte de Pichincha.
Guarderas estuvo más cauto en sus declaraciones sobre los derechos a favor de los funcionarios públicos. El lunes pasado, él sostuvo que “los funcionarios públicos no tienen derechos, los únicos que tienen derechos son los ciudadanos y los ciudadanos tenemos derecho a elegir la fuente y recibir la información de a cuerdo con nuestras preferencias”.
Pero, ahora dijo que los ministros no están obligados a concurrir a un medio privado, público o comunitario. “No se debe confundir del derecho de los funcionarios a acudir libremente a una entrevista con el derecho a la ciudadanía de estar informada”. CIT/El Ciudadano
