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Registro Oficial publicó la Ley de Paraísos Fiscales

Registro Oficial publicó la Ley de Paraísos Fiscales
septiembre 08
14:30 2017

Quito (Pichincha).- Este viernes 8 de septiembre de 2017, el Registro Oficial publicó la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular Efectuada el 19 de Febrero del 2017, referente a los paraísos fiscales.

La Consulta Popular efectuada en febrero del 2017  preguntó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales. La interrogante tuvo la respuesta afirmativa del 55,12 por ciento de los votantes.

La norma aplica a las personas que ostenten una dignidad de elección popular de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, a las personas que sean consideradas como servidoras o servidores públicos, a los candidatos o quienes estén postulando para un cargo público de elección popular.

En el mes de agosto, el Presidente de la República, Lenín Moreno, remitió la objeción parcial a tres artículos y a cuatro disposiciones reformatorias sobre la aplicación de la Ley que prohíbe bienes o capitales en ‘paraísos fiscales’.  Hizo objeciones a los artículos 8 y 9 de ese cuerpo legal, los que se referían a la sanción y al procedimiento en cuanto a plazos para la destitución o presentación de defensa y pruebas de descargo. Ahí proponía que el plazo para destituir a los funcionarios que no cumplan con la Ley sea de 10 días y que incluso la Contraloría General del Estado sea quien lidere ese proceso cuando la entidad nominadora no lo realice. Se añade que el funcionario podrá impugnar por vía judicial en un plazo de hasta 60 días.

El Primer Mandatario propuso que se incluya en el cuerpo legal (en el artículo 95) un texto en el cual los ciudadanos (quienes opten por un cargo de elección popular) presenten una declaración juramentada ante un notario público en la cual indiquen que no se encuentran incursos en las prohibiciones previstas en la Ley.

El documento publicado en el Registro Oficial 75 establece que las personas que -a la entrada en vigencia de esta ley- ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidoras públicas, tendrán que acatar los mandatos de la consulta popular y esta ley o renunciar al cargo, hasta el 6 de marzo de 2018, bajo pena de destitución.

Estipula además que no será válida la transferencia en favor de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a nombre de terceros vinculados a aquel. SD-GS /El Ciudadano

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